Uno de los puntos negros del sistema de jubilación en Colombia es la desigualdad que existe entre las altas pensiones de los ex congresistas que varían entre los 17 y 25 millones de pesos y las bajas de las personas que cotizan con un mínimo.
Esta discusión que se presento en la Corte Constitucional, hace pocos días, donde Alejandro Ordoñez, Procurador General recordó que “las pensiones ya causadas tienen la protección del ordenamiento jurídico, pues son derechos adquiridos”.
Mientras que Néstor Raúl Correa, presidente de la sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, afirmó que se entierren los privilegios de las pensiones millonarias, que no deben pasar los 15 millones de pesos ya que un monto superior será injusto.
Así mismo Sandra Morelli, Contralora General y Rafael Pardo, ministro de Trabajo, advirtieron que las pensiones que reciben los ex congresistas y ex magistrados van en contra del principio de equidad de la constitución del 1991.
Del mismo modo Rut Stella Correa, Ministra de Justicia, explicó que las pensiones se deben liquidar según los aportes realizados, sin beneficios a sectores de la sociedad.
Este debate abre la puerta a modificar el sistema pensional del magisterio y la fuerza pública, que pone en vilo, a personas que han ofrecido su juventud, su salud por trabajar en forjar el futuro del país.
Por una parte el magisterio quien le ha permitido a mucho ser profesionales excelentes y de la misma manera que muchos de los militares y policías han servido a la patria colocando en riesgo su vida y reciben a cambio 800 mil pesos de pensión.
Una reforma pensional no es una solución equitativa para personas que ponen su vida al servicio de una sociedad…
Esperemos qué resuelve la Corte Constitucional frente a este tema candente.
Aunque la iniciativa es buena para lograr establecer una paz aparente, creo que la inequidad social-económica y las vinculaciones que mantienen algunos políticos con grupos guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes; podrían hacer que se logre la desmovilización armada, pero hay que desarrollar medidas para que estas no reaparezcan como lo hicieron las AUC en bancrim.
En primera instancia el gobierno debería diseñar estrategias para disminuir la pobreza no solo con casa gratis, si no dignificado los derechos laborales y dignificar los empleos, es el colmo que muestren estadísticas de disminución del empleo y considerar que vender dulces en los buses o hacer malabares en un semáforo es un empleo. En estas mismas medidas no se permita más el contrato por prestación de servicios ya que las empresas evadan los aportes parafiscales.
En segunda instancia la justicia debe castigar e invalidar de por vida a todos los políticos que tenga alianzas con organizaciones criminales ya que en muchos de los casos no les conviene que el conflicto acabe, debido a intereses económicos.
Por último el estado tiene que estar preparado para dar protección a las personas que decidan dejar las armas para que no recaigan en cometer actos delincuenciales y lograr brindar una vida digna.
